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Opinión: Ley de Trazabilidad Animal ✍

Existe una gran demanda por alimentos de origen natural y que se producen en nuestra tierra, adquiridos por el consumidor con la confianza de que lo que se consume en los hogares sea tan fiable como la información nutricional contenida en las etiquetas del empaquetado. Si bien la sanidad o bienestar animal no es un concepto que se maneje en la mesa de los hogares, es esencial para cumplir con sus expectativas.

La “trazabilidad” significa rastrear el producto y su proceso, y así confirmar que la serie de compromisos comerciales que Chile ha suscrito -tanto a nivel nacional como internacional- respecto a la calidad del mismo, sea respetada.

En el caso de la trazabilidad de la carne, en la especie bovina, nuestro país cuenta con el Programa Oficial de Trazabilidad del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que obliga a registrar al ganado con un DIIO; un dispositivo amarillo o “arete”, que contiene el número de identificación -similar a lo que para una persona sería su RUT-, código que permite acceder a información específica del animal como el origen, fecha de nacimiento, predios donde ha realizado su crianza y engorda, la raza o sexo, entre otros datos.

Gracias a esta inestimable información y a la seriedad con que nuestro país ha abordado este sistema, Chile se ha ganado un prestigio a nivel de exportación ganadera, no tan sólo con los productos y el consumidor final, sino para con los propios vecinos ganaderos y competidores. Es el caso de Chile y la carne que se exporta a China, principal comprador de carne en nuestro país.

Sin embargo, esta relación con el país asiático pudo verse derrumbada en septiembre del 2020 luego de detectarse que un ganadero del Bío Bío cambió los dispositivos de identificación de sus animales adulterando la información restándoles años desde su nacimiento, siendo un ganado más viejo que no cumple con los requisitos para la exportación.

La expectativa de exportar a China es enorme debido a que la población del país asiático es 70 veces más grande que la de nuestro país por lo tanto los ganaderos tienen un gran nicho de negocio, que se traduce en un mejor precio para el productor.

Todo el esfuerzo de nuestra ganadería y la industria cárnica para abrir estos nuevos y mejores mercados se puso en riesgo, pero gracias a la rápida acción del SAG, el engaño fue detectado a tiempo, además, quedó al descubierto que la empresa ganadera fiscalizada tenía varios antecedentes por mal manejo, e incluso por contaminación del medio ambiente.

La ley en Chile ya consideraba sanciones para evitar este tipo de malas prácticas, pero claramente no eran suficientes. Un proyecto de ley de mi autoría, que fue aprobado por unanimidad en el Senado y está a punto de ser ley, aumenta las multas de  100 a  1000  Unidades Tributarias Mensuales (UTM), el decomiso de los productos, y a mi juicio, la sanción más importante que se incluye, es la prohibición de exportar entre tres a cinco años y en caso de reincidencia dentro de los cinco años siguientes terminada la prohibición, el infractor será sancionado con la prohibición perpetua para exportar.

Transversalmente, colegas parlamentarios y productores ganaderos, han valorado la iniciativa que envía una potente señal respecto al significado del esfuerzo de una comunidad, en especial hoy que tenemos que cuidar con más fuerza nuestra economía local. La industria ganadera y las familias con sus campos se han ajustado a los tiempos preocupándose por el desarrollo sustentable, con una economía más amable, con productores que cuidan a los animales y al planeta, y -qué duda cabe- con un espíritu generoso y colaborativo con la comunidad para que la ganancia sea para todos.

Por Harry Jürgensen, Diputado de la República

 

Fuente: https://www.eha.cl/

 

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