La Ley N° 21.600, promulgada en septiembre de 2023, crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Esta legislación tiene un impacto directo en la agricultura chilena, especialmente en zonas rurales como la Región de Los Ríos, donde la interacción entre actividades productivas y ecosistemas naturales es significativa.
Dentro de las principales implicancias para la agricultura están las “Restricciones en áreas protegidas” ya que prohíbe actividades como la caza, pesca, extracción de recursos naturales, construcción y otras que puedan dañar la biodiversidad dentro de áreas protegidas. Esto afecta directamente a la agricultura al limitar el uso de recursos como agua, suelo y vegetación en zonas que forman parte del SNAP.
Otro de los puntos es el “Control de especies exóticas invasoras” el SBAP tiene la facultad de proponer al Ministerio del Medio Ambiente una lista de especies exóticas invasoras y elaborar planes de prevención, control y erradicación. Esto puede implicar restricciones para los agricultores respecto al uso de ciertas especies o prácticas agrícolas que favorezcan la proliferación de especies invasoras. Uno de los puntos relevantes es la “Obligación de estudios de impacto ambiental” en proyectos agrícolas que puedan afectar la biodiversidad, estos deben someterse a un estudio de impacto ambiental. Esto puede aumentar los costos y el tiempo de aprobación de proyectos para los agricultores.
A su vez, existirán “Incentivos para la conservación privada”, donde la ley fomenta la creación de áreas protegidas de propiedad privada, las cuales formarán parte del SNAP. Esto implica que los agricultores pueden optar por destinar parte de sus tierras a la conservación de la biodiversidad, lo que podría generar beneficios fiscales y reconocimiento público.
La implementación efectiva enfrenta desafíos significativos. La falta de incentivos adecuados, procedimientos administrativos complejos y una fiscalización que puede desincentivar la participación voluntaria de los propietarios privados son obstáculos importantes. Para alcanzar la meta de proteger el 30% de los ecosistemas para el año 2030, es necesario reducir estos desincentivos y mejorar la implementación de la ley.
La clave para su éxito radica en una implementación efectiva que considere las realidades locales de cada Región y proporcione los recursos necesarios para apoyar a los agricultores en este proceso.
Columna de opinión de Mónica Oettinger Wohlgemuth.
Presidente Saval FG
Fuente: Diario Austral de Valdivia, domingo 18 de Mayo de 2025
