El debate legislativo por el control de perros en zonas rurales enfrenta a agricultores y agrupaciones animalistas en la Región de Los Lagos. Mientras los ganaderos exigen medidas estrictas para evitar pérdidas económicas, los grupos de rescate rechazan las soluciones letales y proponen reforzar la actual Ley de Tenencia Responsable con fiscalización universal.
El conflicto forma parte de los antecedentes que actualmente analiza la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, instancia que debate un proyecto de ley para controlar a los canes. Los registros indican que el 50% de los pudúes que ingresan a rehabilitación en la provincia de Chiloé presentan graves heridas por estas mordeduras.
La iniciativa, impulsada por el diputado del distrito 25 Daniel Lilayú (UDI), surge ante el aumento de agresiones a la ganadería y fauna silvestre en la región. Durante el trámite, el parlamentario aseguró que 'el Estado no puede seguir ignorando una realidad que afecta diariamente a cientos de familias rurales', y recalcó que la problemática provoca 'pérdidas económicas devastadoras y situaciones que incluso ponen en riesgo la vida de las personas'.
En representación de Agrollanquihue, su gerente Rodrigo Mardones expuso la postura del sector agrícola ante la comisión. El dirigente gremial afirmó en la instancia que 'los agricultores estamos cansados de no poder defender adecuadamente nuestro ganado, nuestro patrimonio y nuestros animales'. Rodrigo Mardones explicó que la extensión urbana hacia el campo agravó la situación y desestimó la esterilización como solución única debido a la falta de recursos. El vocero advirtió que 'después de la esterilización, si el perro lo sueltas, va a seguir haciendo daño por los próximos diez años'.
Daño productivo
Las cifras muestran el escenario del sector productivo frente a los ataques. Un catastro de Agrollanquihue del año 2023 arrojó que 29 socios reportaron 120 animales muertos cada año, mientras que para 2025 el 64% de los asociados declaró sufrir afectación por estos eventos. Uno de los perjudicados es el agricultor Óscar Frene, del sector de Quenuir, quien perdió cuatro vaquillas y tres cerdos avaluados en cerca de un millón y medio de pesos.
Pese a las características del ataque, los animales que mataron a su ganado tenían dueño. Su vecino reconoció que los perros eran de su propiedad y prometió compensarlo: 'Se comprometió a pagarnos en trabajo, reconoció que eran sus perros y hasta el día de hoy no lo ha pagado, se hizo el tonto', afirmó. Frene detalló que el perjuicio económico es mayor, ya que los animales eran para crianza. El productor interpuso una denuncia en Carabineros y en la Fiscalía de Maullín, pero el proceso judicial quedó estancado a pesar de existir evidencia audiovisual. 'Nosotros teníamos fotos, tenemos videos, tenemos cámaras acá en el campo y ahí se ven los perros', relató el afectado. Este medio solicitó información al SAG respecto al número de incidentes, pero la institución declinó entregar los antecedentes.
El problema se repite en otras zonas rurales de la provincia. Christian Miranda, otro productor local, detalló pérdidas de hasta cinco millones de pesos tras perder siete terneros de reposición durante el invierno pasado. A su relato, Miranda sumó el caso de su suegro, un adulto mayor de 88 años que, en un lapso de dos años, perdió 12 vacas, lo que acumuló daños por hasta siete millones de pesos. Al intentar iniciar acciones legales, Christian Miranda relató los obstáculos: 'A Carabineros fuimos una vez, pero Carabineros dice 'tienen que traer las pruebas, fotografías de los perros, del animal', pero es difícil porque los perros no se pillan nunca, atacan de noche'.
Fauna nativa
El impacto no solo afecta a la economía rural, sino que también perjudica a los ecosistemas. El médico veterinario y consejero regional Javier Cabello (Ind. PS), alertó que en el Centro de Conservación Chiloé Silvestre 'ingresan entre 40 y 60 pudúes al año, donde al menos 50% de los pudúes son por ataques de perros', cifra que llega algunos años al 80%. El pronóstico clínico es que 'cerca del 85% fallece debido a la gravedad de las heridas, al tiempo que transcurre en su rescate y al estrés producto de las persecuciones'. Además, advirtió que un 60% adicional de los ejemplares muere en el lugar del ataque sin lograr ingresar a rehabilitación.
Desde el área científica rechazan que el proyecto de ley hable de perros 'salvajes o ferales'. Cabello manifestó a un grupo de parlamentarios que esta terminología es inapropiada, ya que un perro con dueño 'puede cambiar su comportamiento en la noche al salir de su terreno y juntarse con otros perros, formando una jauría', sin volverse asilvestrado. Por lo mismo, el profesional aclaró que la forma correcta de llamarlos es 'perro de libre deambular', enfocando la responsabilidad directa en quienes abandonan o no supervisan a sus mascotas en áreas rurales, e instó a dar urgencia a la modificación de la Ley de Tenencia Responsable.
El profesional también destacó que el daño no se limita a la predación directa, ya que la presencia de canes desplaza a carnívoros nativos, compite por recursos y transmite enfermedades infecciosas a la fauna residente.
Voces disidentes
Las agrupaciones de rescate animal coinciden con este diagnóstico y rechazan las medidas letales que propone el sector agrícola. Cristina Mansilla, presidenta de 'Albergando un Amigo', cuestionó que las autoridades aborden el conflicto 'eliminando las consecuencias y no abordando las causas'. Citando un estudio de WCS Chile (2019), argumentó que los ataques provienen de canes con dueño y criticó a los nuevos propietarios de parcelas 'que gastan millones en sus casas y no ponen ningún peso en los cercos', y recalcó que el origen de la crisis no se resuelve eliminando a los animales.
Mansilla también alertó sobre las consecuencias sociales de la propuesta. La dirigente advirtió que 'tratar de resolver el problema de ataques liberando el derecho a disparar a diestra y siniestra, solo va a fomentar que terminen a balazos los mismos vecinos', recordando un caso ocurrido en Pirque el 2022, donde un sujeto mató al perro de otro por cruzar el cerco. A su juicio, con la nueva legislación cualquier persona 'podría declarar que el perro estaba atacando a sus gallinas o algo similar y, aunque fuera falso, nadie podría probar lo contrario', lo que generaría un clima de impunidad rural.
Visión legislativa
Desde el Congreso, la diputada Claudia Reyes (Partido Republicano) advirtió que la actual normativa y fiscalización municipal no cubren la protección de la fauna ni los ataques de estas jaurías. Para reflejar la situación del mundo campesino, la parlamentaria republicana citó a los gremios Sago y Aproleche, detallando que 'cuando estos perros atacan, por ejemplo, a los terneros, los productores deben invertir luego más de $20 millones para reponer lo perdido'. La legisladora exigió mayor coordinación entre los municipios y el SAG, y recalcó que 'la ley tiene que servir para entregar soluciones reales y no para declarar deberes que después no se pueden cumplir'.
El Ministerio de Agricultura regional también registra las cifras de depredación. El seremi Francisco Cárcamo reconoció el perjuicio económico para la pequeña agricultura familiar, pero aclaró que los municipios enfrentan la tenencia responsable con 'muy pocos recursos'. En esa línea, la autoridad apostó por un endurecimiento legislativo, y aseguró que 'hoy día esperamos una legislación más fuerte, donde haya sanciones más duras hacia los responsables de estos daños que generan en este caso estos perros', además de adelantar un seminario preventivo con apoyo del INIA.
Pese a las solicitudes de algunos sectores productivos por usar la fuerza letal, hay agricultores que apuestan por medidas preventivas a largo plazo. Christian Miranda, afectado por las pérdidas en su campo, confesó que 'no tengo corazón de eliminar a los perros', y prefirió buscar soluciones definitivas.
El campesino sugirió imitar los modelos de países europeos como Alemania o Suecia: 'Las personas pagan un impuesto por la tenencia de su mascota. Y que ningún perro puede ser encontrado en la calle porque tienen su chip', propuso como salida para la ruralidad chilena.
En una línea similar, el veterinario Javier Cabello recalcó que la opción legislativa es reforzar la actual ley de tenencia responsable. Esta modificación debe exigir esterilización obligatoria, microchipeo único universal y sanciones para los propietarios irresponsables que generen daño directo a la ganadería local y a la fauna silvestre.
Fuente. El Llanquihue
