Ingeniero agrónomo con trayectoria en el propio organismo y paso por el sector privado, Domingo Rojas asume la dirección del SAG en un momento marcado por exigencias sanitarias y la presión por destrabar proyectos de inversión.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, recibió este lunes a quien fue designado como nuevo director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Domingo Rojas Philippi.
Su llegada se produce en un contexto donde el organismo es considerado clave tanto para el desarrollo agroexportador como para la tramitación de grandes proyectos de inversión.
Rojas agradeció el nombramiento y aseguró que su gestión pondrá énfasis en fortalecer el trabajo interno del servicio.
“Una mayor cercanía con los funcionarios para motivarlos y retomar esta visión de potenciar el desarrollo agroexportador”, señaló, junto con destacar la importancia de responder también a las necesidades de los usuarios del sistema.
Quién es. Rojas es ingeniero agrónomo y magíster en Dirección Financiera, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, principalmente vinculado al mundo agrícola.
Se formó como ingeniero agrónomo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente cursó un magíster en la UAI, especializándose en gestión de negocios.
Su trayectoria está estrechamente ligada al SAG. Ingresó en 2011, desempeñándose en áreas de gestión institucional, planificación y presupuesto. Entre 2014 y 2018 dio el salto al sector privado, trabajando en empresas del rubro agrícola y productivo.
En 2018 regresó al servicio, donde asumió como jefe de gabinete y luego como subdirector de Operaciones, integrando el equipo directivo hasta 2022.
Tras su salida, continuó vinculado al sector silvoagropecuario desde el ámbito privado, participando en proyectos empresariales, consultorías y desarrollo de iniciativas ligadas a tecnología y gestión.
Los desafíos del organismo. Desde el Gobierno subrayan que el principal reto de Rojas será fortalecer el rol del SAG como pilar del modelo agroexportador chileno. “La implementación de este modelo descansa en la fortaleza de nuestro sistema sanitario”, afirmó el ministro Campos, quien recalcó que el nuevo director cuenta con respaldo político para impulsar cambios en el servicio.
El sector agrícola enfrenta un año clave, con desafíos como destrabar el Systems Approach con Estados Unidos, avanzar en negociaciones con India y abordar brechas estructurales en riego, energía y seguridad rural.
En este contexto, desde el sector privado esperan un SAG más ágil y con mayor coordinación público-privada.
Incidencia en proyectos de inversión. Pero el rol del organismo va más allá del modelo de exportaciones y sanitario. El SAG también tiene incidencia directa en la evaluación de proyectos de inversión, a través de autorizaciones y observaciones técnicas que pueden determinar la viabilidad de iniciativas económicas.
Un ejemplo de ello fue su participación en el megaproyecto de hidrógeno verde de TotalEnergies en Magallanes, una inversión estimada en US$ 16.000 millones, donde el servicio formuló varias de las principales observaciones técnicas durante la tramitación ambiental.
Otro caso relevante es el proyecto de desalación “Aguas Marítimas”, impulsado por CRAMSA en la Región de Antofagasta. La iniciativa, valorada en US$ 4.000 millones, busca convertirse en una de las mayores plantas desalinizadoras de América Latina, pero ha enfrentado reparos del SAG vinculados a impactos en ecosistemas sensibles.
Entre ellos, preocupaciones por especies protegidas como la chinchilla lanigera, clasificada en categoría de riesgo por la autoridad ambiental.
Ley de permisología. A estos desafíos se suma la implementación de la denominada Ley de Permisología, que busca agilizar y ordenar los procesos de autorización sectorial para proyectos de inversión.
En este marco, el SAG forma parte de las siete instituciones clave encargadas de revisar y otorgar permisos, junto a organismos como el Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Pesca, entre otros.
La normativa establece que estas entidades deberán revisar periódicamente sus procesos y regulaciones, con el objetivo de mejorar tiempos de tramitación sin debilitar los estándares técnicos.
Fuente: https://www.ex-ante.cl
