EN LOS RÍOS. Saval F.G. realizó consulta a fin de visibilizar el deterioro de la seguridad en los campos, según explicó la presidenta del gremio, Mónica Oettinger. Ante este escenario proponen medidas.
Un 52,4 por ciento de los agricultores de la región ha sido víctima de un delito rural. Así, un 38,2 por ciento dijo haber sufrido abigeato con faenamiento en potrero, y un 32,7 por ciento, abigeato con arreo de animales.
Estos datos corresponden a los resultados de la encuesta 'Voces del campo, evidencia para la acción', la cual fue aplicada por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia (Saval F.G) a 105 empresarios y trabajadores del sector.
Según explicó la presidenta de Saval F.G., Mónica Oettinger, el objetivo de esta medición fue visibilizar con evidencia una realidad que los agricultores vienen enfrentando hace años: 'el deterioro de la seguridad en el mundo rural', precisó.
Y al respecto dijo que 'no estamos hablando sólo de pérdidas económicas, sino de una afectación directa a la vida cotidiana de quienes habitan los predios. En el sur de Chile, los campos son espacios donde viven personas mayores, trabajadores y sus familias, por lo que el impacto es también social y humano'.
La presidenta del gremio señaló que este diagnóstico busca, además, aportar insumos concretos para la toma de decisiones a nivel local, donde -indicó- 'las municipalidades cumplen un rol clave, especialmente en una región como Los Ríos, donde Valdivia es la única comuna urbana y el resto presenta una marcada ruralidad'.
'La encuesta evidencia una baja tasa de denuncia, explicada principalmente por la percepción de ineficacia en la respuesta institucional, la falta de resultados concretos en casos anteriores y el temor a represalias, lo que termina desincentivando a las víctimas a formalizar los hechos. Precisamente por la poca denuncia, esta encuesta busca visibilizar una realidad que, muchas veces, no queda registrada en los canales formales, pero que refleja con claridad lo que está ocurriendo en el territorio rural', complementó.
DELITOS
En el detalle, los resultados de la encuesta muestran que un 21,8 por ciento de los encuestados ha sufrido robo de cables eléctricos; un 20 por ciento, robo de madera, igual número robo de maquinaria y equipos.
Le sigue un 16,4 por ciento, que ha sido víctima de daños a infraestructura; un 14, 5 por ciento, robo de agroquímicos, un 9,1 por ciento, robo de generadores, y un 3,6 por ciento, usurpación de terreno.
En tanto, el abigeato se presenta en un 61,8 por ciento como el delito más recurrente, y luego, con el 10,9 por ciento, el robo de madera, al igual que el robo de agroquímicos.
En un 69,1 por ciento, los delitos ocurren en la noche y el 54,5 (de 55 respuestas) cree que 'claramente' son organizados.
La encuesta también consultó respecto de las pérdidas económicas a raíz de estos delitos. Respondieron 55 personas y de acuerdo con los datos, en un 45,5 por ciento se estiman entre 1 y 5 millones de pesos; en un 21,8 por ciento, entre 5 y 20 millones de pesos; en un 20 por ciento, en más de 20 millones de pesos, y en un 12,7 por ciento, en menos de 1 millón de pesos.
Un total de 55 personas también respondió al ser consultados por la frecuencia de estos delitos. El 36,4 por ciento dijo que dos o tres veces; el 32,7 por ciento, más de tres veces; el 21,8 por ciento, una vez, y el 9,1 por ciento, de forma sistemática.
Por otra parte, el 29,1 por ciento señaló que el nivel de afectación producto de estos delitos es muy alto.
Respecto de la percepción de las principales causas de los delitos, de 102 respuestas, la mayoría apunta a mercado informal, baja presencia policial, falta de fiscalización, crimen organizado y factores socioeconómicas.
Sobre estos resultados, la presidenta de Saval F.G. declaró que lo más preocupante para el gremio es la sensación transversal de vulnerabilidad e indefensión: 'Los testimonios muestran hechos reiterados, con mayor nivel de organización, daño y violencia, junto con una percepción extendida de impunidad. Esto altera profundamente la vida en el campo, obligando a modificar prácticas productivas, aumentar costos y convivir con temor permanente'.
Además -subrayó- 'los relatos evidencian que estos hechos responden a dinámicas de desplazamiento y operación coordinada, lo que coincide con lo observado en países como el Reino Unido, donde el delito rural es abordado explícitamente como crimen organizado. En ese contexto, se ha implementado el uso de sistemas de cámaras con lectura de patentes (ANPR) en caminos rurales para monitorear el tránsito de vehículos y desarticular redes delictuales que operan entre territorios. Esta experiencia demuestra que el problema no está sólo dentro del predio, sino en la capacidad de movimiento de quienes cometen estos delitos'.
DENUNCIA
La encuesta también reveló que el 67,3 por ciento siempre ha denunciado los delitos. Y del 10,9 por ciento que nunca ha denunciado, el 61,5 por ciento no lo consideró útil, mientras que un 23,1 por ciento no lo hizo por falta de confianza y otro 23,21 por ciento, porque es un trámite complejo.
Acerca de la respuesta institucional frente a la denuncia, 39,6 por ciento la consideró 'muy mala', y sólo el 5,7 por ciento 'muy buena'.
A fin de prevenir la ocurrencia de estos delitos, los encuestados respondieron que principalmente han instalado cercos como medida de seguridad. En menor medida, han instalado cámaras, iluminación y se han coordinado con vecinos.
Encuestados
Sobre el perfil de los encuestados, el 32, 4 ciento correspondió a empresarios agrícolas y forestales; el 32,4 por ciento, a socios de la Saval F.G.; el 22,9 por ciento, a no socios, y el 6,7 por ciento, a trabajadores del sector.
Por otra parte, el 55,2 por ciento de los encuestados corresponde a grandes operaciones, esto es, más de 200 hectáreas; el 26,7 por ciento, a medianas (entre 50 y 200 hectáreas), y el 18,1 por ciento, a pequeñas (menos de 50 hectáreas).
En tanto, los predios de quienes respondieron la encuesta se ubican mayoritariamente en Máfil (20 por ciento). Luego, en La Unión (15,2 por ciento), Río Bueno (13,3 por ciento), Los Lagos (10,5 por ciento), Mariquina (9,5 por ciento), Panguipulli y Paillaco (7,6 por ciento), Valdivia (6,7 por ciento) y Lanco (3,8 por ciento). Las otras comunas representan menos del 3 por ciento cada una.
Proponen medidas
Ante este escenario, Mónica Oettinger afirmó que se requiere una respuesta integral del Estado.
En lo legislativo -indicó- 'es necesario avanzar en sanciones proporcionales al daño que generan estos delitos', mientras que en lo operativo señaló que se debe fortalecer la presencia policial en zonas rurales y mejorar la coordinación con el Ministerio Público.
En la misma línea, planteó que la evidencia internacional muestra que existen medidas concretas y efectivas que pueden implementarse a nivel territorial. 'En el Reino Unido, el uso de cámaras en caminos rurales con lectura de patentes ha permitido identificar vehículos sospechosos y reducir la impunidad. En Australia, las autoridades han promovido activamente la instalación de sistemas de vigilancia en accesos a predios y caminos secundarios, entendiendo que el control territorial es clave en zonas extensas. Por su parte, en Nueva Zelanda se ha fortalecido la prevención mediante redes de coordinación local, sistemas de alerta entre vecinos rurales y un trabajo estrecho con la policía para anticipar y responder a los delitos', comentó.
En este contexto, afirmó que las municipalidades rurales pueden cumplir un rol decisivo. 'En una región como Los Ríos, donde Valdivia es la única comuna urbana, los municipios tienen una cercanía territorial que les permite actuar de manera concreta', expuso.
Y entre las medidas específicas que se pueden impulsar destacó: la instalación de cámaras en cruces de caminos rurales y accesos estratégicos, 'siguiendo modelos como el del Reino Unido, para controlar flujos vehiculares y apoyar la persecución penal', dijo. Asimismo, la implementación de sistemas de vigilancia territorial, como -indicó- se ha promovido en Australia, incorporando señalización disuasiva y monitoreo en puntos críticos.
Además, la creación de redes de alerta temprana y coordinación comunitaria, 'en línea con experiencias de Nueva Zelanda, que permitan compartir información en tiempo real entre agricultores, municipios y policías', planteó. El levantamiento de información georreferenciada de incidentes para focalizar recursos en zonas de mayor riesgo; el apoyo a medidas preventivas concretas, como iluminación, cierres o tecnologías básicas de seguridad en predios, y la articulación institucional permanente, mediante mesas de seguridad rural con seguimiento efectivo.
'En síntesis, no se trata sólo de proteger el predio individual, sino de abordar el territorio rural como un sistema, donde el control de accesos, la trazabilidad de movimientos y la coordinación público-privada son elementos clave para recuperar la seguridad. Esto es especialmente relevante considerando que estos territorios son estratégicos para la producción de alimentos y el desarrollo regional, por lo que su resguardo debe ser una prioridad país', enfatizó la presidenta de Saval F.G.
Por María Alejandra Pino C.
Fuente: Diario Austral Región de los Ríos
